Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor de un delito continuado de coacciones y de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, y a una acusada como responsable de este último delito, al tiempo que absuelve a los dos acusados del delito de trata de seres humanos con finalidad de explotación sexual en concurso medial con un delito de determinación y explotación de la prostitución, del que también se les acusaba. Acusados que desde España financian una intervención quirúrgica de pechos a una persona transexual que se halla en país extranjero con el propósito de viajar a España a ejercer la prostitución, para lo que también le financian el viaje, hasta que llega a España y se dedica al ejercicio de la prostitución con el fin de retornar a los acusados el dinero adelantado para la operación y el viaje. Juicio de subsunción de la conducta descrita en el tipo penal de favorecimiento de la inmigración ilegal. Determinación de la cuantía de la indemnización por los daños derivados de la infracción penal. Resarcimiento por secuela psicológica y por daño moral. Atenuante de dilaciones procesales indebidas acogida como atenuante simple.
Resumen: Confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condena a un acusado como autor responsable de un delito de abuso sexual con acceso carnal. Acusado que somete a tocamientos de naturaleza sexual, que incluyen la introducción de dedos en la vagina, de una mujer de dieciséis años con a que convive, que tolera pasivamente y sin consentir la conducta del acusado, al quedar bloqueada ante el mismo. Testimonio de la víctima menor de edad como prueba de cargo y su valoración judicial. Conducta realizada con anterioridad a la vigencia de la LO 10/2022. Delito de abusos sexuales que en la tipificación previa exige como elemento nuclear del ilícito la ausencia de consentimiento. La inexistencia de violencia y/o intimidación no permite afirmar sin más la presencia de consentimiento, ni la ausencia de consentimiento precisa de una manifestación expresa y contundente de la víctima en el sentido de que se opone a los actos sexuales. Las circunstancias en que se desarrolla la conducta por parte del acusado permite afirmar que el mismo las llevó a cabo en contra de la voluntad de la víctima menor de edad. Los daños morales son inherentes a este tipo de delitos, debiendo diferenciarse entre daños morales materiales e inmateriales.
Resumen: Tocamientos en partes íntimas de una menor por un pariente. Declaración de la víctima, menor de edad, apoyada por la declaración de su madre, referencial, y por la pericial psicológica practicada respecto de la menor. Valoración de la declaración de la víctima. Delito continuado de agresión sexual a menores de dieciséis años. Agravante específica de prevalimiento. Continuidad delictiva. Imposición de la pena correspondiente la pena legalmente prevista en su mínima extensión, al solicitarse por las acusaciones pena inferior a la prevista legalmente.
Resumen: Posición del tribunal de apelación: análisis de la racionalidad técnica jurídica del método argumentativo. Aplicación del principio "in dubio pro reo". Inadmisión de prueba documental: no petición de nulidad; falta de propuesta de las pruebas en el momento procesal oportuno.
Resumen: El Tribunal recuerda que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha venido entendiendo que la declaración de la víctima, en determinadas circunstancias, puede considerarse prueba de cargo suficiente para dictar una sentencia condenatoria.
Resumen: Se condena al acusado por el tocamiento inconsentido y momentáneo en los genitales que realizó a otro hombre sin su consentimiento. Alcance del control de la valoración de la prueba realizado en la instancia que corresponde hacer al tribunal de apelación. Exigencias de motivación de la pena y posibilidades de su revisión en alzada.
Resumen: El prevalimiento es valerse o servirse de algo que supone un privilegio o una ventaja. En el ámbito del Derecho penal, tiene, como fundamento agravatorio, el abuso de superioridad que, en el plano moral, tiene una persona que pone a su servicio una condición que utiliza en beneficio de una finalidad delictiva para cohibir la resistencia de la víctima. El modus operandi a través del cual el agente obtiene el consentimiento viciado de la víctima se basa en la concurrencia de tres elementos: superioridad del agente, influencia en la capacidad de decidir de la víctima y que el agente, con conocimiento, se prevalga y la ponga a su propio servicio.
La apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas precisa de que se haya provocado un retraso en la tramitación de la causa que no aparezca suficientemente justificado por su complejidad o por otras razones, y que no haya sido provocado por la actuación del propio acusado. Es decir debe valorarse la complejidad de la causa, el comportamiento del interesado y la actuación de las autoridades competentes.
Resumen: Recurso del condenado por un delito continuado de abuso sexual sobre menor de 16 años del art. 183.1 y 3 CP y de corrupción de menores del art. 189.1.a CP (vigentes a la fecha de los hechos), a las penas de 8 y 1 años de prisión. Se confirma la existencia de prueba de cargo bastante y su correcta valoración para justificar su condena. Análisis del concepto normativo de "pornografía infantil", así como de la relación concursal entre el delito de abuso sexual y la corrupción de menores. Correcta apreciación del concurso real de delitos: no existe un concurso aparente de normas a resolver por el principio de absorción, ni tampoco un concurso ideal; se trata de dos delitos distintos que ofenden a bienes jurídicos diversos. El total desvalor de la acción no se colma con la sanción de los abusos sexuales. Se estima el recurso en cuanto a la aplicación retroactiva de la LO 10/2022, que establece una nueva regulación del delito de abuso sexual por el que ha sido condenado, imponiendo una pena de 6 a 12 años de prisión, es decir, con un suelo más bajo que en la legislación anterior (8 a 12 años). La imposición por la Sala sentenciadora de la pena mínima, obliga a la revisión, imponiendo al recurrente la pena mínima de 6 años de prisión. No obstante, dicha aplicación debe hacerse en bloque, y no de forma fragmentaria, lo que supone que deben imponerse al mismo aquellas penas introducidas por la LO 10/2022, en el art. 192 CP, de inhabilitación profesional y de los derechos de la patria potestad, debiendo, en este último caso, acotarse su específico alcance y contenido por el Tribunal de Instancia conforme al superior interés del menor.
Resumen: El ámbito casacional de la presunción de inocencia consiste en verificar que son convincentes los argumentos ofrecidos por el órgano de apelación, sin que se pueda alegar nada nuevo frente a ellos, no siendo exigible una respuesta diferenciada por el órgano de casación, en tanto están ya satisfactoriamente refutados esos argumentos que se presentan de nuevo.
En el presente procedimiento, no cabe la absorción de los delitos de maltrato en el delito cometido contra la libertad sexual. Entre ambas secuencias delictivas, no existe una relación de absorción que permita eludir el castigo independiente de cada una de ellas. Lo que describe el hecho probado es una agresión sexual violenta que va seguida, cuando ya ha concluido, de unos golpes en la cabeza de la víctima, así como un tirón de orejas y una atadura en las manos que generaron el pánico en ella.
Resumen: Los informes periciales no son literosuficientes para evidenciar el error en la valoración de la prueba.
El control casacional de las alegaciones de vulneración del derecho a la presunción de inocencia se concreta en verificar si la motivación fáctica alcanza el estándar exigible y si la decisión alcanzada por el tribunal sentenciador es, lógica, coherente y razonable, de acuerdo con las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.
No procede la revisión de la pena impuesta, tras la aprobación de la LO10/2022, por no resultar, en el caso concreto, más favorable.
